Por: Ivonne M.
La tensión religiosa en las comunidades de Coamila y Rancho Nuevo se ha intensificado drásticamente en los últimos días, con el desplazamiento forzado de cerca de 150 evangélicos.
Esta situación ha surgido a raíz de su negativa a participar en labores comunitarias impuestas por la Iglesia Católica, adherida a los usos y costumbres locales que rigen esta región.
Las familias afectadas, pertenecientes a la Iglesia Bautista Fundamental “La Gran Comisión”, se han visto obligadas a abandonar sus hogares y ahora buscan refugio en el Auditorio Municipal de Huejutla, donde enfrentan condiciones de precariedad.
Margarita Cabrera Román, directora de Asuntos Religiosos del gobierno de Hidalgo, se pronunció sobre la crisis en una reciente rueda de prensa.
Cabrera Román explicó que la causa del conflicto radica en el arraigado sistema de usos y costumbres de la zona.
“Hemos detectado que los desplazados están dispuestos a buscar una solución, incluso proponiendo un plan de pagos para cumplir con las obligaciones comunitarias”, expresó la funcionaria.
A pesar de estos esfuerzos, la situación sigue siendo crítica. Desde la detención del pastor Rogelio Hernández Baltazar y otros dos miembros de la iglesia en una cárcel comunitaria el 25 de marzo, el conflicto ha escalado, dando lugar a invasiones de terrenos, destrucción de cultivos y agresiones físicas serias hacia los evangélicos.
Un acuerdo alcanzado tras 48 horas de negociaciones fue ignorado por la comunidad mayoritaria, lo que desencadenó el desplazamiento.
UN CONFLICTO DESDE HACE AÑOS
Este caso no es nuevo; desde 2015, las tensiones entre católicos y otras confesiones religiosas han llevado a la violación de derechos fundamentales en la región, afectando el acceso de las minorías religiosas a servicios básicos como la educación y el agua.
Pues, debido a esta situación han sido despojados de sus derechos a utilizar panteones, acceso a posos de agua y a escuelas, además de que se les haprohibido el libre tránsito.
Cabe señalar que fueron múltiples los llamados que se hicieron a las autoridades sobre esta situación, sin embargo, nunca se recibió una respuesta y este conflicto siguió avanzando.
Mientras tanto, la incertidumbre se cierne sobre el futuro de estas familias desplazadas, que se ven atrapadas entre un sistema cultural que prioriza tradiciones sobre la diversidad religiosa y la esperanza de encontrar un camino hacia la paz y la inclusión en su propia comunidad.
En el tema jurídico las carpetas de investigación por los casos de violencia y destrozos a los hogares de las familias evangélicas continúa avanzando, aunque aseguran es a paso lento.
La situación en Huejutla de Reyes es un recordatorio urgente de que el respeto a la libertad religiosa es esencial en una sociedad pluralista y debe ser defendido activamente para evitar la repetición de tales crisis.
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